Argentina tiene instrumentos de financiamiento para innovar, pero muchas pymes no logran convertirlos en proyectos efectivos. El problema no es solo de crédito: es de capacidades, intermediación y construcción institucional.
Una parte muy significativa de la inversión en innovación de las empresas argentinas se financia con recursos propios. Según un informe del CIECTI sobre inversión en I+D en la industria manufacturera, el 70% del financiamiento del gasto en actividades innovativas corresponde a recursos propios de las empresas.
El dato debería ser más incómodo de lo que parece. Porque Argentina no es un país sin política de financiamiento productivo. Han existido y existen, con distinta intensidad según el período, líneas de bancos públicos, instrumentos de la Agencia I+D+i, programas del FONTAR, aportes no reembolsables, créditos fiscales, esquemas de garantías, convocatorias sectoriales y herramientas para la modernización tecnológica de empresas y pymes.
La oferta de instrumentos existe. La brecha persiste igual. ¿Por qué una pyme que necesita financiamiento para innovar frecuentemente no accede a él, aunque haya programas diseñados exactamente para eso?
La explicación más difundida es la falla de mercado clásica: asimetría de información entre bancos y empresas. El banco no puede evaluar bien un proyecto de innovación, que es incierto por definición, exige garantías que la pyme no tiene, y el crédito no fluye. La solución que se deriva de ese diagnóstico es intervención pública: subsidios, garantías estatales, fondos de riesgo compartido, líneas bonificadas o instrumentos de promoción. Todo correcto en teoría. Y, sin embargo, el problema lleva décadas sin resolverse aunque los instrumentos existan.
Una segunda capa del diagnóstico apunta al diseño de la política: programas que asisten a una proporción reducida del universo pyme, convocatorias con requisitos formales difíciles de cumplir para empresas sin área de administración consolidada, líneas que llegan con mayor facilidad a las empresas más organizadas —que son generalmente las que menos asistencia necesitan— y dejan fuera a las más rezagadas.
Una tercera explicación señala la macroeconomía: con inflación alta, horizonte corto y costo del crédito elevado, ninguna empresa invierte en innovación con facilidad. Verdad parcial. Pero las pymes de países con mayor estabilidad también enfrentan restricciones estructurales. La macro importa, pero no explica todo. Las tres capas del diagnóstico tienen algo en común: todas miran el síntoma sin mirar la causa más profunda. Que no es solo falta de dinero. Es falta de capacidades para usarlo.
Innovar no es simplemente comprar tecnología. Requiere algo previo y más difícil: la capacidad organizacional, técnica y de gestión para identificar qué tecnología sirve para cada proceso, adaptarla al contexto productivo propio, capacitar al personal, sostener el cambio y aprender de él. A eso la economía del desarrollo y la economía evolucionista llaman capacidades de absorción tecnológica: no la habilidad de usar una máquina o un software como caja negra, sino la capacidad de entenderlos, incorporarlos, adaptarlos, modificarlos y eventualmente mejorarlos.
El problema estructural de una parte significativa del entramado pyme argentino no es solo que le falta financiamiento. Es que le faltan esas capacidades. Y sin ellas, el crédito no se convierte necesariamente en innovación: puede convertirse en compra de equipamiento que no se integra bien al proceso, en digitalización superficial que no transforma la gestión o en experiencias frustrantes que confirman la percepción de que innovar es para otros.
La evidencia disponible sobre programas públicos de innovación en Argentina muestra que algunos instrumentos pueden generar adicionalidad cuando llegan a las empresas adecuadas. Estudios sobre programas como FONTAR y SEPYME encontraron impactos positivos en pymes industriales bajo determinadas condiciones. El problema no es negar la utilidad de los instrumentos, sino entender por qué llegan de manera limitada y desigual.
El financiamiento y las capacidades se retroalimentan. La restricción opera simultáneamente en ambas dimensiones. Atacar solo una no resuelve la otra. La heterogeneidad estructural del entramado pyme argentino —islas de alta productividad conviviendo con una mayoría de empresas de baja densidad innovadora— no se resuelve ampliando solamente la oferta de instrumentos financieros. Se resuelve construyendo capacidades en las empresas que todavía no las tienen.
La política pyme argentina tiene un sesgo estructural que raramente se nombra: suele estar diseñada para empresas que ya tienen las condiciones mínimas para articularse con el sistema de fomento. Los requisitos formales, los tiempos de formulación, la complejidad administrativa y la capacidad técnica implícita para presentar una propuesta funcionan como filtros. Seleccionan a las empresas más organizadas y excluyen a las más rezagadas. No por malicia: por lógica burocrática, por diseño implícito, por la distancia que existe entre el sistema de fomento y el tejido productivo real.
Hay además un problema de concepción más profundo. La política pyme muchas veces trata el financiamiento para innovar como si fuera análogo al financiamiento para capital de trabajo o para compra de bienes de capital. Pero no lo es. El crédito para capital de trabajo financia una necesidad conocida, con retorno relativamente previsible y riesgo acotado. El financiamiento para innovar financia un proceso incierto, con retorno diferido, externalidades positivas que el mercado no internaliza y resultados que dependen crucialmente de capacidades que muchas empresas no tienen al momento de pedir el financiamiento. Diseñar ambos con la misma lógica garantiza que los instrumentos de innovación funcionen sobre todo para las empresas que ya están más cerca de la frontera tecnológica.
No hay un modelo único, pero hay una lógica común: el Estado no espera que la empresa llegue al sistema de fomento. El sistema va a la empresa. Alemania construyó una red de institutos Fraunhofer que trabaja directamente con empresas en la resolución de problemas técnicos concretos. Japón organizó mecanismos de aprendizaje colectivo entre firmas de un mismo sector. Brasil desarrolló el SENAI como sistema de formación técnica vinculado al entramado productivo sectorial.
Argentina tiene piezas de ese sistema: el INTI, el INTA, institutos tecnológicos, universidades públicas, áreas de vinculación tecnológica, cámaras sectoriales, bancos públicos y SGR. Pero esas piezas no están articuladas como sistema. Su llegada al tejido pyme es fragmentaria. Su continuidad depende demasiado del ciclo político. Y su financiamiento suele ser de los primeros en sufrir cuando llegan los ajustes. El extensionismo tecnológico, que en otras tradiciones funciona como política de Estado sostenida en el tiempo, en Argentina aparece muchas veces como un conjunto de iniciativas dispersas, valiosas pero inestables.
El desarrollo productivo argentino se juega en buena medida en el entramado pyme: en las empresas medianas y pequeñas que fabrican, emplean, sostienen actividad económica en los territorios y podrían encadenar tecnología e innovación si tuvieran las condiciones para hacerlo.
Ese entramado no va a transformarse solo con más convocatorias diseñadas para las empresas que ya están en condiciones de responderlas. Va a transformarse cuando la política decida ir a buscar a las que todavía no lo están. Cuando el financiamiento llegue acompañado de diagnóstico. Cuando la asistencia técnica no sea un trámite posterior sino una condición del proceso. Cuando las universidades, los institutos tecnológicos, las cámaras, las SGR, los bancos públicos y los gobiernos locales funcionen como partes de un mismo sistema.
Eso requiere reconocer que el problema no es solo de financiamiento: es de capacidades. Y que las capacidades no se financian: se construyen.